EL SUPREMO ASESTA UN GOLPE HISTÓRICO A LALIGA Y OBLIGA A COMPENSAR AL REAL MADRID, AL BARÇA Y A 22 CLUBES DE SEGUNDA

REDACCIÓN - El Tribunal Supremo ha puesto punto final a una batalla jurídica que llevaba casi una década latiendo en los despachos del fútbol español. Lo ha hecho con una sentencia contundente, de esas que dejan huella: LaLiga deberá pagar al Real Madrid los 8,8 millones de euros que, según el fallo, le fueron “ilegítimamente privados” en la temporada 2015/2016. La resolución, que anula la Disposición Adicional Segunda aprobada por LaLiga en diciembre de 2015, también obliga a compensar al FC Barcelona y a más de una veintena de clubes de Segunda División que se vieron afectados por aquel reparto audiovisual.

El golpe no es menor. La sentencia —tajante en su lenguaje y firme en sus conclusiones— sostiene que la reforma estatutaria se apartó “de forma flagrante” del marco legal establecido por el Real Decreto-ley 5/2015, que regulaba el reparto económico en el fútbol profesional. En otras palabras: LaLiga introdujo un sistema de distribución sin la necesaria cobertura legal. Y lo hizo, además, con la bendición del Consejo Superior de Deportes (CSD), que ahora recibe un severo tirón de orejas por no ejercer su obligación de control.

El Real Madrid reaccionó con un comunicado que apenas contenía la satisfacción. “Esta resolución restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia”, expresó el club blanco, recordando que sus argumentos han sido respaldados “plenamente” por el Tribunal Supremo.

Pero el alcance de este fallo va mucho más allá de la entidad madridista. El Supremo ordena recalcular el reparto audiovisual de aquella temporada aplicando el sistema que marcaban los Estatutos vigentes entonces: un 60% de ingresos para los clubes de Primera División y un 40% para los de Segunda, siempre bajo criterios de igualdad dentro de cada categoría. Bajo ese esquema, los clubes que militaban en Segunda División en 2015/2016 deberían haber recibido unos 88 millones adicionales.

Equipos históricos —Alavés, Real Oviedo, Zaragoza, Girona, Tenerife, entre otros— figuran entre los beneficiados por esta decisión. Algunos de ellos luchaban por la estabilidad económica en aquellos años, y el Supremo reconoce ahora que fueron perjudicados por un reparto irregular que desvirtuó el espíritu de la ley. Sin estridencias, pero con un punto de alivio, el fallo devuelve a esos clubes una parte de lo que consideran suyo.

LaLiga, por su parte, respondió tratando de rebajar la repercusión de la sentencia. Subrayó que el fallo afecta a una norma ya derogada y basada en la antigua Ley del Deporte. Aun así, la organización presidida por Javier Tebas vio cómo su recurso era desestimado “por completo”, según especifica la resolución, que ratifica lo ya dictado por la Audiencia Nacional.

El revés es, por tanto, tanto económico como institucional. La sentencia marca límites claros a la capacidad de LaLiga para modificar el reparto de los ingresos y recuerda que cualquier cambio debe respetar el marco legal y la supervisión pública. Es un mensaje de fondo, casi un aviso para el futuro: en un ecosistema donde la economía del fútbol mueve cifras millonarias, la legalidad es un terreno que no admite atajos.

Queda todavía por determinar cómo se articulará el pago de las compensaciones y si requerirá nuevos trámites por parte de los clubes afectados. Pero el escenario ya está trazado: el Supremo ha corregido un reparto que, a su juicio, nunca debió aprobarse. Y lo hace dejando claro que, en aquel 2015, el equilibrio entre igualdad y poder económico se inclinó hacia donde la ley no permitía. Hoy, una década después, se restablece la balanza.